Derecho a unos ingresos básicos.
Políticas municipales de garantía de ingresos
El proyecto transformador Derecho a unos ingresos básicos. Políticas municipales de garantía de ingresos tiene por objetivo implementar un nuevo modelo de políticas locales para la garantía de ingresos y la cobertura de necesidades básicas de la ciudadanía. Por eso, se plantea repensar el rol de los entes locales, los colectivos a los cuales se dirigen las ayudas y la intensidad, y rediseñar los servicios públicos dirigidos a paliar la vulnerabilidad económica con el apoyo a la creación de oficinas técnicas especializadas.
Estas oficinas articulan las ayudas económicas locales a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad social, a través de procedimientos más ágiles, especializados, digitalizados e interconectados con las prestaciones otras administraciones. A la vez, permiten aligerar el trabajo de los servicios sociales que actualmente se encuentran con muchas demandas de necesidades económicas que dificultan poder dedicar tiempos al acompañamiento social.
El objetivo es conseguir que cualquier persona, independientemente de sus condiciones, tenga acceso a unos ingresos mínimos. El resultado esperado es la creación de un modelo de políticas de garantía de ingresos y servicios para cubrir necesidades básicas que mejore la eficiencia en la gestión, la eficacia en la protección y la equidad a nivel territorial, sustentado en la digitalización de todas las fases del proceso y transformando o desplegando nuevos servicios y oficinas locales dirigidas a paliar la vulnerabilidad económica.
- DIFUSIO I PRENSA
- JORNADAS Y PRESENTACIONES
- PUBLICACIONES
- CONTEXTO
Las desigualdades tienen un fuerte impacto negativo en la calidad de vida de muchas personas que viven en nuestros pueblos y ciudades. Los altos niveles de pobreza son un factor estructural que se ha visto incrementado por las consecuencias de la crisis sanitaria.
La tasa de pobreza en Cataluña es del 20%, mientras que la población con necesidad de ayuda para disponer de bienes básicos llega al 8,2% en los últimos doce meses. La pandemia provocada por la COVID-19 no ha hecho otra cosa que agudizar problemas que ya eran estructurales en nuestra sociedad, especialmente en la población con menos ingresos. Estas personas han sufrido también el efecto de las medidas de confinamiento en unas condiciones de calidad de vida peores que el resto de la sociedad.
Desde el estallido de la crisis financiera hasta hoy, las políticas para reducir la pobreza han tenido un impacto muy limitado. Para hacer frente a esta situación, en 2017 la Generalitat de Cataluña extinguió la Renta Mínima de Inserción y promulgó la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), elevando las cuantías. El año 2020, y en medio de la pandemia, el gobierno del Estado promulgó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación garantizada de carácter estatal con unas cuantías ligeramente inferiores a las de la RGC y un diseño que permite complementarla con otros ingresos. A pesar de esto, y a pesar de las modificaciones normativas posteriores, el diseño excluye determinados colectivos como beneficiarios de la prestación.
Los estudios sociales han demostrado que, para progresar en ámbitos como la educación, la ocupación o la salud, se necesita inversión social por parte de los poderes públicos en forma de ayudas y precios públicos con tarificación social. Es en este campo donde el municipalismo puede andar hacia una agenda política más ambiciosa y comprometida que supere las actuales prácticas de ayudas o servicios.
- CARACTERÍSTICAS
El proyecto se enmarca en las políticas de garantía de ingresos de las administraciones de ámbito superior y es subsidiario, y prevé la transformación y despliegue de nuevos servicios y oficinas locales dirigidas a paliar la vulnerabilidad económica, incorporando herramientas especializadas, equipos expertos y un modelo de atención de alta calidad centrado en la persona en que se delimiten y se aseen las tareas administrativas y de gestión.
Además, el proyecto se sustenta en la digitalización de todas las fases del proceso de la cadena de valor del servicio, posando una atención especial al diseño y la implantación de nuevas fórmulas de relación con la ciudadanía basadas en la personalización y en el uso y fomento de la interoperabilidad y el acceso a todos los datos administrativos necesarias para simplificar al máximo los procedimientos y el coste de acceso en el programa por parte de la ciudadanía.
- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Implementar un nuevo modelo de políticas locales para la garantía de ingresos y la cobertura de los derechos sociales básicos de la ciudadanía.
2. Ofrecer prestación de servicios para mejorar la información y el acceso de la ciudadanía a sus derechos sociales.
3. Apoyar a la creación de oficinas de gestión y distribución de las prestaciones de garantía de ingresos.
4. Implementar nuevas herramientas digitales para el acceso e información de la ciudadanía y para la gestión de las prestaciones y la interoperabilidad administrativa.
5. Aportar evidencias y mesurar impactos de las políticas diseñadas y hacer una evaluación permanente.
- ACTUACIONES
Línea 1. Marc político y conceptual y diagnóstico de la situación
Las políticas municipales de garantía de ingresos necesitan un nuevo marco conceptual y político que permita aumentar su eficacia en la lucha contra la pobreza. Delimitar el objeto de protección y favorecer un acuerdo político que promueva el despliegue es el objetivo de esta actuación, la cual tiene, como metas, crear un documento marco de políticas municipales de garantía de ingresos y lograr un acuerdo municipalista para unos ingresos básicos para todo el mundo.
Por otro lado, el nuevo diseño de las políticas locales de garantía de ingresos se tiene que basar en evidencias sólidas proporcionadas por la investigación científica. Así, se prevé desarrollar toda una serie de investigaciones científicas que permitan situar en cada municipio los datos básicos para planificar estas políticas. Las metas de esta actuación son la creación de un documento de revisión sistemática, el establecimiento de presupuestos de referencia familiares y el cálculo de distribución de familias por nivel de renta en el ámbito local.
Línea 2. Modelo de política local de garantía de ingresos
El marco conceptual y político se hace operativo mediante la adaptación de la cartera de prestaciones actuales en los acuerdos logrados. Esta cartera tiene que tener muy definidos los atributos correspondientes a la elegibilidad de cada prestación, su concepto, el importe y la periodicidad. Las metas de esta actuación son definir una cartera de prestaciones económicas locales y establecer el modelo de reglamento.
La implantación del nuevo modelo necesitará un acompañamiento a los entes locales para conseguir la máxima cobertura. Por eso se prevé un apoyo especializado que asesore la adaptación del reglamento, la aprobación por los plenos municipales y su despliegue. En este caso, la meta es definir los reglamentos locales adaptados.
Línea 3. Diseño e implantación de oficinas de gestión de prestaciones sociales (OGPS)
La Oficina de Gestión de Prestaciones Sociales (OGPS) es la propuesta central para llevar a cabo las nuevas políticas locales de garantía de ingresos. El objetivo es crear un nuevo servicio público de alta calidad, enfocado a la atención ciudadana, fuertemente digitalizado y con unos procedimientos simples y eficientes.
Las metas de esta acción son la creación de un proyecto de modelo de OGPS, de un manual de procesos y recursos humanos y de un estudio de costes y viabilidad. Por otro lado, se diseñarán y se pondrán en marcha herramientas digitales de información y comunicación directa con la ciudadanía, así como de acceso y gestión de las prestaciones económicas desde el mundo local. Finalmente, la situación socioeconómica y las necesidades de reformar los servicios locales de atención a la pobreza obligan a desplegar las OGPS en paralelo a su diseño. Por lo tanto, se irán sobreponiendo las actividades de prototipatge, piloto y despliegue efectivo. La meta es desplegar las OGPS para toda la provincia de Barcelona.
Línea transversal A. Gestión relacional y cooperación interinstitucional
El programa buscará establecer acuerdos bilaterales estables y crear foros multilaterales con las diferentes instituciones interesadas para el intercambio de conocimiento, la transferencia de los resultados y la gestión de proyectos compartidos.
Línea transversal B. Evaluación de impacto y de proceso
El diseño de la evaluación del programa se llevará a cabo desde el primer momento. Se buscará un acuerdo con el Servicio de Planificación y Evaluación y con Ivalua.
- ÁREAS QUE PARTICIPAN
Área responsable
Área de Igualdad y Sostenibilidad Social
Áreas implicadas
Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial
Área de Presidencia
- COSTE PREVISTO Y ANUALIDAD DEL GASTO
936.000,00 €
2021, 2022, 2023
